14/04/2024

TMC La Información al Servicio de la Verdad

"LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA VERDAD"

PREOCUPA Y OCUPA EL CAMBIO ILEGAL DE USO DE SUELO QUE ACABA CON SELVAS.

Lamentan que comunidades menonitas incumplan compromisos y sigan deforestando.

Es preocupante la deforestación que se registra en comunidades de Hopelchén y Campeche. En menos de dos años la situación se agravó en localidades como Xmabén y Pich, que evidencian un fuerte deterioro ambiental por incendios forestales provocados por pobladores menonitas que buscan el cambio ilegal del uso de suelo, según revelaron autoridades estatales y federales de medio ambiente ante integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad que presidió la Gobernadora, Layda Sansores San Román.

Sin embargo, es una situación que no sólo preocupa sino ocupa, y en la que se avanza, como destacó el comisario de la Guardia Nacional (GN), Francisco Alvarado Teherán, quien reveló que el trabajo en equipo permitió al menos mil 81 acciones interinstitucionales en temas de medio ambiente, y 489 filtros de vigilancia al traslado de madera, y en los que la institución logró cinco aseguramientos, siendo el último en el inicio de semana en que se decomisó un camión cargado con 30 toneladas de melina,
de la que no pudieron acreditar su legal procedencia, y por lo que se les puso a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La delegada de la PROFEPA, Gisselle Georgina Guerrero García, alertó que las comunidades menonitas siguen haciendo acciones ilícitas para el cambio de uso de suelo, y lo más lamentable es que son solapadas y protegidas por ejidatarios que les rentan sus tierras por cinco años, a quienes se les insiste en que se las entregarán inservibles por el uso de pesticidas y otros agroquímicos.

Puso el ejemplo de la comunidad de Xmabén en la que del 2020 a la fecha se registra un grave deterioro ambiental por el cambio drástico del uso de suelo en que se destruye selva para nuevos campos de cultivo. Violentan las normas que prohíben incluso que áreas siniestradas no pueden cambiar su uso de suelo hasta que se revierta el deterioro, lo que puede requerir de más de 20 años. Al inicio de la administración estatal se sostuvo reuniones con sus representantes y se les conminó a cambiar sus acciones, lo que no acontece y lo que incluso perjudica a otras actividades como la apicultura.

La población Amish, lejos de disminuir, incrementó, superando los diez mil integrates, de los que unos ocho mil se concentran en el municipio de Hopelchén, que por sus actividades registra grave deterioro ambiental. Lo mismo está sucediendo en la Junta Municipal de Pich, en que PROFEPA intentó decomisar maquinaria que estaba talando de manera ilegal, y no pudo ser confiscada debido a que los menonitas lo impidieron.

La Gobernadora Sansores San Román indicó que se reactivarán las pláticas entre el personal de oficinas centrales de la SEMARNAT y los pobladores menonitas, que entraron en un impasse ante ocupaciones por el Tren Maya, pero que deberán retomarse y obligar al cumplimiento de compromisos o tenerse a asumir determinaciones drásticas, pues se están apropiando de las mejores tierras, e insisten en acciones dañinas al medio ambiente.

“Se tendrá que llegar a una decisión drástica, pero pensada, y no puede seguirse permitiéndoles que destruyan nuestros recursos y medio ambiente. Si amenazan con irse, con la pena, pero que se vayan para no vivir situaciones dramáticas como en Xmabén”, recalcó la mandataria estatal.

La delegada de PROFEPA destacó que se han realizado en el primer semestre 42 visitas de inspección en materia forestal con 37 clausuras, el 88 por ciento de éxito, destacando 13 inspecciones por cambio de uso de suelo, y en los cuales se tiene bajo procedimiento una superficie acumulada de tres mil 580.72 hectáreas, y por lo que los 13 procedimientos se encuentran con clausura como medidas de seguridad impuestas, alertando que 12 inspecciones se relacionan con asentamientos Amish de los campos Valle nuevo, Campeche; Santa Fe, Nuevo Durango y Nuevo Progreso en el municipio de Hopelchén.

El delegado de SEMARNAT, César Uriel Romero Herrera, destacó que se da seguimiento a estos hechos, revelando además que de enero a junio de 2023 se dieron 19 atenciones, que son por mucho superior a las cuatro registradas en igual periodo de 2022. Reconoció que se hace necesaria una labor de concientización a los productores locales que están dando en arrendamiento por un lustro sus tierras con pagos de ocho a diez mil pesos por hectáreas, lo que a la larga padecerán al devolvérseles estériles.

La titular de la SEMABICCE, Angélica Lara Pérez Ríos, resaltó que aunque no mantienen competencia en aspectos de inspección y vigilancia, coadyuvan en ello a través de cuatro casetas y 16 guardaparques, con lo que se ha podido vigilar mil 540 kilómetros, destacando las labores con la República de Guatemala, que mantiene casos de éxito en el cuidado, preservación y manejo sustentable de los recursos forestales, y que ha permitido en tres recorridos binacionales supervisar unos 580 kilómetros.

Alertó que de la mayor parte de los incendios forestales, que en este año significaron la pérdida de tres mil 204 hectáreas, dos mil 600 correspondieron a la comunidad de Cinco de Febrero en Champotón, y fueron provocados buscando precisamente el cambio de uso de suelo. De ahí la importancia de atender la problemática, y en que reveló que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente registre sólo un cuatro por ciento de las denuncias en temas de tala ilegal de las 210 recepcionadas, y que en su mayor parte se dan por maltrato animal.

Se hace necesaria mayor participación de los presidentes municipales, los que sin embargo están siendo omisos al no responder requerimientos de información en los temas de licencias y permisos municipales ambientales que otorgan por un año, pero muchas veces de forma irregular al amparar hasta tres actividades en una, y que se presta a la comisión de delitos ambientales.

El representante de la FGR, José Ignacio Coronel Cruz, reveló que registran nueve carpetas de investigación con detenidos, de unas 30 que se han recepcionado, aunque reconoció que por la magnitud del problema parecieran pocas pero se demuestra que se está avanzando en la atención y castigo a los que cometen delitos ambientales.